En la edición andaluza de El País del 23 de febrero aparece este artículo de Concha Caballero:
Prohibido enfermar
En la letra pequeña de la crisis se ha incluido una cláusula nueva
contra todos aquellos “privilegiados” que todavía conservan su puesto de
trabajo: queda prohibido terminantemente enfermar. El mismo Gobierno
que nos pide que no generalicemos en los casos de corrupción, generaliza
respecto al absentismo de los trabajadores y pasa a considerarnos
masivamente a todos, y especialmente a la función pública, unos seres
abusones que mienten sobre su estado de salud y que engañan a la
Administración.
Según la nueva normativa, durante los tres primeros días de la baja
laboral de cualquier funcionario, se le descontará el 50% de su salario y
después hablamos. Incluso, con un sentido del humor un tanto siniestro
se nos explica que están exentos de estos descuentos las enfermedades
profesionales que se adjuntan en una lista y, que en el caso de los
docentes y de otros muchos funcionarios, son…¡ninguna! Alguien debió de
pensar que era un chiste gracioso.
[...] La excusa
para estas medidas es contener el absentismo laboral en el sector
público, pero la realidad es simplemente un recorte atroz de la sanidad
pública, un impulso depredador de los salarios y un himno a la
injusticia que pagarán no los absentistas, sino los buenos funcionarios
que no faltan más que cuando no pueden con su alma.
[...] Hubiera sido realmente fácil controlar
este absentismo descarado pero, ay, se me olvidaba que no se trata de
eso, sino de evitar el uso de la sanidad, desprestigiar la función
pública y confiscar tres días de paga.
Por eso últimamente podemos ver profesores con gripe impartiendo
clase y microbios a partes iguales; bomberos que resisten un esguince a
duras penas; médicos que operan con una fuerte cefalea; administrativos
que resuelven complicados expedientes en medio de una crisis lumbar. Ya
sé que en el sector privado las cosas no transcurren de una forma
distinta. El terror a ser despedido es el desincentivador más potente
para faltar por enfermedad. Todos saben que cualquier baja laboral, por
muy justificada que esté, será una prueba en contra para cualquier
renovación de contrato.
La Administración exhibe con orgullo el descenso del absentismo
laboral, pero empieza a ocultar con celo el estado sanitario de la
población. Una sociedad que prohíbe estar enfermos a sus trabajadores,
soportará a medio plazo un costo sanitario y social duplicado, nos
advierten los especialistas en salud pública.
Las enfermedades se harán más persistentes, de más difícil y costosa
curación; la detección temprana de enfermedades descenderá de forma
vertiginosa; la automedicación se disparará y nuestro índice de
mortalidad subirá sin que nadie nos explique los motivos.
La Administración presiona a los profesionales para que la estancia
hospitalaria sea lo más corta posible y se dan altas precipitadamente
con tal de ahorrar unos euros. La información sobre las listas empieza a
estar más maquillada que una actriz de opereta, mientras nuestros
gerifaltes sustituyen el derecho a la salud y la calidad del servicio
sanitario por “la rentabilidad” en cuyo altar alzan este gigantesco ERE
contra los enfermos y esta enésima patada en el culo de la función
pública.
Al hilo de la política que consiste en valorar la eficiencia de la sanidad pública en función de su bajo coste y no de su eficiencia y de la salud de la población, el mismo diario publica este otro artículo, del que reproducimos algunas líneas:
- Las investigaciones realizadas revelaron que entre 400 y 1.200 personas
habían muerto de forma innecesaria en esos hospitales entre 2005 y 2009.
- ... el hombre que [...] era responsable de los
hospitales públicos de Staffordshire y que hoy está al frente de los de
toda Inglaterra. Nicholson se ha disculpado por aquellos errores, pero
se niega a dimitir. Bailey cree que debería ser cesado por el ministro
de Sanidad.
- ¿Por qué, si su responsabilidad es tan evidente, el Gobierno no se lo
quita de encima? “Supongo que porque lo que hoy se valora de él es que
ha ahorrado mucho dinero. Pero a cambio tenemos pacientes que mueren y
son desatendidos en nuestros hospitales”.
- Pusieron en marcha un sistema para juzgar a los hospitales en función
de su eficiencia económica más que midiendo la calidad de sus servicios.
Una política de objetivos cuantificados que aplicaron también a la
educación y que a juicio de muchos hizo que los servicios públicos
olvidaran su verdadero objetivo: servir al público.
