Prohibido enfermar

En la edición andaluza de El País del 23 de febrero aparece este artículo de Concha Caballero:

Prohibido enfermar

En la letra pequeña de la crisis se ha incluido una cláusula nueva contra todos aquellos “privilegiados” que todavía conservan su puesto de trabajo: queda prohibido terminantemente enfermar. El mismo Gobierno que nos pide que no generalicemos en los casos de corrupción, generaliza respecto al absentismo de los trabajadores y pasa a considerarnos masivamente a todos, y especialmente a la función pública, unos seres abusones que mienten sobre su estado de salud y que engañan a la Administración.

Según la nueva normativa, durante los tres primeros días de la baja laboral de cualquier funcionario, se le descontará el 50% de su salario y después hablamos. Incluso, con un sentido del humor un tanto siniestro se nos explica que están exentos de estos descuentos las enfermedades profesionales que se adjuntan en una lista y, que en el caso de los docentes y de otros muchos funcionarios, son…¡ninguna! Alguien debió de pensar que era un chiste gracioso.

[...] La excusa para estas medidas es contener el absentismo laboral en el sector público, pero la realidad es simplemente un recorte atroz de la sanidad pública, un impulso depredador de los salarios y un himno a la injusticia que pagarán no los absentistas, sino los buenos funcionarios que no faltan más que cuando no pueden con su alma.

[...] Hubiera sido realmente fácil controlar este absentismo descarado pero, ay, se me olvidaba que no se trata de eso, sino de evitar el uso de la sanidad, desprestigiar la función pública y confiscar tres días de paga.

Por eso últimamente podemos ver profesores con gripe impartiendo clase y microbios a partes iguales; bomberos que resisten un esguince a duras penas; médicos que operan con una fuerte cefalea; administrativos que resuelven complicados expedientes en medio de una crisis lumbar. Ya sé que en el sector privado las cosas no transcurren de una forma distinta. El terror a ser despedido es el desincentivador más potente para faltar por enfermedad. Todos saben que cualquier baja laboral, por muy justificada que esté, será una prueba en contra para cualquier renovación de contrato.

La Administración exhibe con orgullo el descenso del absentismo laboral, pero empieza a ocultar con celo el estado sanitario de la población. Una sociedad que prohíbe estar enfermos a sus trabajadores, soportará a medio plazo un costo sanitario y social duplicado, nos advierten los especialistas en salud pública.

Las enfermedades se harán más persistentes, de más difícil y costosa curación; la detección temprana de enfermedades descenderá de forma vertiginosa; la automedicación se disparará y nuestro índice de mortalidad subirá sin que nadie nos explique los motivos.

La Administración presiona a los profesionales para que la estancia hospitalaria sea lo más corta posible y se dan altas precipitadamente con tal de ahorrar unos euros. La información sobre las listas empieza a estar más maquillada que una actriz de opereta, mientras nuestros gerifaltes sustituyen el derecho a la salud y la calidad del servicio sanitario por “la rentabilidad” en cuyo altar alzan este gigantesco ERE contra los enfermos y esta enésima patada en el culo de la función pública.

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Al hilo de la política que consiste en valorar la eficiencia de la sanidad pública en función de su bajo coste y no de su eficiencia y de la salud de la población, el mismo diario publica este otro artículo, del que reproducimos algunas líneas:

• Las investigaciones realizadas revelaron que entre 400 y 1.200 personas habían muerto de forma innecesaria en esos hospitales entre 2005 y 2009. 
•  ... el hombre que [...] era responsable de los hospitales públicos de Staffordshire y que hoy está al frente de los de toda Inglaterra. Nicholson se ha disculpado por aquellos errores, pero se niega a dimitir. Bailey cree que debería ser cesado por el ministro de Sanidad.
• ¿Por qué, si su responsabilidad es tan evidente, el Gobierno no se lo quita de encima? “Supongo que porque lo que hoy se valora de él es que ha ahorrado mucho dinero. Pero a cambio tenemos pacientes que mueren y son desatendidos en nuestros hospitales”.
• Pusieron en marcha un sistema para juzgar a los hospitales en función de su eficiencia económica más que midiendo la calidad de sus servicios. Una política de objetivos cuantificados que aplicaron también a la educación y que a juicio de muchos hizo que los servicios públicos olvidaran su verdadero objetivo: servir al público.